La Justicia Federal en Ceará (JFCE), en asociación con la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Ceará (SEDIH), está implementando un programa innovador para el cumplimiento de penas alternativas, con el objetivo de incluir a personas que cumplen con estas penas en las políticas públicas de derechos humanos y ciudadanía.
La directora del 11º Juzgado Federal, Arlineide Barros, resalta la importancia de este convenio, explicando que después de la homologación de un Acuerdo de No Persecución Penal con la obligación de realizar servicios comunitarios, los acusados son referidos a la SEDIH para encontrar el lugar más adecuado para prestar el servicio.
Actualmente, 14 instituciones están siendo atendidas por este convenio, que abarca desde centros comunitarios hasta hospitales, escuelas y guarderías. El objetivo es ofrecer plazas para realizar servicios comunitarios o en entidades públicas, que consisten en tareas gratuitas para los penados, favoreciendo la resignificación del delito cometido y su reintegración social.
Una de las características principales de este programa es el seguimiento efectivo del cumplimiento de la pena por parte de la SEDIH, garantizando que los reclusos sean acogidos y atendidos adecuadamente. El testimonio de uno de los reclusos ilustra la transformación proporcionada por esta iniciativa: “Comenzó como un servicio obligatorio, hoy estoy disponible para hacerlo como trabajo voluntario, de corazón”.
Las tres salas federales con competencia penal en Fortaleza, sumadas, tienen 70 reclusos atendidos por este convenio hasta el momento, siendo la 12ª Sala la que ha enviado a la mayoría de ellos. El proceso metodológico adoptado involucra desde el envío de cartas y actas de audiencia por parte de la Justicia Federal a la SEDIH, hasta la realización de entrevistas individuales por parte del equipo multiprofesional, visitas institucionales y seguimiento del cumplimiento del servicio.
También es destacable el papel de los Círculos de Construcción de Paz, que se llevan a cabo el último martes de cada mes, proporcionando un espacio de acogida y diálogo para los reclusos, promoviendo, cuando es necesario, la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de los lazos con la comunidad.
Este convenio, que tiene vigencia hasta diciembre de 2026, ya ha demostrado resultados positivos, contribuyendo a la reinserción social de los reclusos y a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva en el Estado de Ceará.
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